Un escándalo de fraude alimentario ha sacudido el sector del aceite de oliva en España. Cuatro personas se enfrentan a un juicio en la Audiencia Nacional por vender como ‘oliva virgen extra’ de Jaén un aceite adulterado con girasol y de menor calidad. El caso ha provocado la indignación de los consumidores y de los productores de aceite de oliva, que reclaman la retirada inmediata de este producto de los supermercados españoles.
Exigen la retirada inmediata de este aceite de oliva de los supermercados españoles
Según la Fiscalía, los acusados iniciaron su actividad fraudulenta, aprovechando el aumento de los precios del aceite de oliva debido a factores como la sequía o posteriormente, la Guerra de Ucrania iniciada en. Su modus operandi consistía en comprar aceite de girasol y de oliva de baja calidad y mezclarlos en una proporción de 70 y 30%, respectivamente. Luego, envasaban el aceite resultante en garrafas de cinco litros y le ponían etiquetas falsas que lo identificaban como ‘oliva virgen extra’ de Jaén.
Para dar más credibilidad a su engaño, los acusados crearon una marca ficticia, ‘Belum Olei’, y la registraron como Indicación Geográfica Protegida (IGP) aceite de Jaén. Además, hicieron pasar su aceite por el de la cooperativa Virgen de las Angustias, de Úbeda, usando su nombre y su logotipo. Pero no se conformaron con eso, sino que también usurparon la identidad de otra cooperativa de Alcaudete (Jaén), llamada ‘Carrasqueño’, de la que compraban garrafas vacías que rellenaban con su aceite falsificado.
Los acusados distribuían su aceite a través de intermediarios, que lo vendían al público en diferentes puntos de venta, sobre todo en la provincia de Córdoba. Según el fiscal, los acusados llegaron a vender más de 74.000 litros de aceite de la cooperativa de Alcaudete entre y, y más de 1.100 garrafas de su propia marca en una nave industrial de Aguilar de la Frontera (Córdoba), donde fueron intervenidos por la Guardia Civil.
Un atentado contra la salud y el prestigio del aceite de oliva
El fraude cometido por los acusados no solo supone un engaño a los consumidores, que pagaban un precio elevado por un aceite de peor calidad, sino también un atentado contra la salud y el prestigio del aceite de oliva, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española.
El aceite de oliva virgen extra es el de mayor calidad y el que más beneficios aporta a la salud. Se obtiene directamente de las aceitunas mediante procedimientos mecánicos, sin ningún tipo de refinado ni aditivo. Se podría decir que es un zumo natural de aceituna, que conserva todas sus propiedades organolépticas y nutricionales.
Entre los componentes beneficiosos del aceite de oliva virgen extra se encuentran el ácido oleico (55-83% del total), que ayuda a regular el colesterol y la presión arterial; los fenoles, como el hidroxitirosol, que tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio; los esteroles, que reducen la absorción de colesterol en el intestino; y los tocoferoles, también antioxidantes, que corresponden a la vitamina E.
Además, el aceite de oliva virgen extra contiene otros elementos en menor cantidad, pero no por ello menos importantes, como el escualeno, el β-caroteno, los triterpenos, los pigmentos o los alcoholes grasos. Todos estos componentes hacen del aceite de oliva virgen extra un alimento excepcional, que previene enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas y tumorales.
Por el contrario, el aceite de girasol es un aceite refinado, que se somete a altas temperaturas y a procesos químicos que alteran su composición y su calidad. Tiene un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, que son más susceptibles a la oxidación y a la formación de radicales libres, que dañan las células y el ADN. Además, el aceite de girasol tiene un menor contenido en antioxidantes, vitaminas y otros nutrientes que el aceite de oliva.
Por todo ello, los consumidores y los productores de aceite de oliva exigen la retirada inmediata de este aceite falsificado de los supermercados españoles, así como el castigo ejemplar a los responsables de este fraude. La Audiencia Nacional les acusa de varios delitos, como falsedad en documento mercantil, contra la propiedad industrial y estafa, por los que podrían enfrentarse a penas de hasta 13 años de prisión y multas de miles de euros. El juicio se celebrará próximamente y se espera que se haga justicia.